El presidente saliente desafía a Trump con un alivio de embargo insólito en su tiempo de descuento
La dictadura no ha prometido más que excarcelar presos políticos en un futuro con mediación de la Iglesia
El persidente de EE.UU., Joe Biden afp
David Alandete
Corresponsal en Washington
14/01/2025
La Administración de Joe Biden, a tan solo una semana de su salida, ha anunciado de forma inesperada e insólita la retirada unilateral de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Esta decisión, a una semana de la jura de Donald Trump, forma parte de un conjunto de medidas que funcionarios de la Casa Blanca han descrito como una estrategia para «aliviar las tensiones con Cuba y apoyar al pueblo cubano». Fue Trump quien volvió a incorporar a Cuba en esa lista tras una breve fase de concesiones de Barack Obama.
El plan de Biden incluye tres acciones clave. En primer lugar, el presidente notificará al Congreso que, tras una evaluación exhaustiva, no existen pruebas suficientes para mantener a Cuba en la lista de promotores del terrorismo, un gesto que busca restaurar cierta normalidad en las relaciones bilaterales. En segundo lugar, se elimina la llamada «lista restringida», que limitaba las transacciones financieras con determinadas entidades cubanas, lo que permitirá mayor flexibilidad en las relaciones económicas tanto formales como informales.
Por último, se suspende el Título III de la Ley Helms-Burton, una medida especialmente controvertida. Esta suspensión implica congelar temporalmente las demandas en tribunales estadounidenses relacionadas con propiedades confiscadas en Cuba, un punto que ha generado tensiones con empresas extranjeras, particularmente españolas, que hacen negocios en la isla. Fue durante el primer mandato de Trump cuando se activó esta disposición, lo que permitió que dichas demandas prosperaran, afectando intereses empresariales internacionales. Esa medida, ahora suspendida, tuvo un impacto significativo en la empresa española Meliá, por su operación de hoteles en propiedades confiscadas en Cuba tras la Revolución de 1959.
En concreto, esa legislación permite que ciudadanos estadounidenses demanden a empresas que «trafiquen» con bienes expropiados, lo que incluye el desarrollo, operación o beneficio de dichas propiedades. En el caso de Meliá, la empresa se enfrentó a demandas colectivas que involucran a casi 40 demandantes, incluyendo descendientes de familias que poseían tierras y hoteles antes de su confiscación.
Las reclamaciones abarcan propiedades emblemáticas, como hoteles gestionados por Meliá en asociación con el gobierno cubano. Esto ha limitado la movilidad de altos cargos de Meliá en Estados Unidos y ha complicado sus relaciones con socios en el mercado estadounidense.
Presión internacional
Países como España, Canadá, Brasil, Colombia y Chile han presionado para que Estados Unidos revise su política hacia Cuba. Según funcionarios del equipo de Biden, esos países, gobernados en su mayoría por la izquierda, han intercedido ante Washington a causa del supuesto rol positivo de la dictadura en negociaciones de paz, particularmente en Colombia. Según esas mismas fuentes, el gobierno de Gustavo Petro en Colombia ha sido especialmente insistente.
El régimen que controla Cuba, en coordinación con la Iglesia Católica, está participando en un diálogo para facilitar la liberación de presos políticos, incluidos aquellos detenidos tras las protestas de julio de 2021, según la Casa Blanca. La Administración Biden confiaba en que las medidas tomadas contribuirían a ese objetivo, pero reconocía que la liberación dependía del progreso del diálogo con la Iglesia.
De hecho, el Gobierno de la isla anunció este mismo martes la puesta en libertad de 553 personas «sancionadas por delitos diversos», tras la intermediación del Vaticano con el Ejecutivo insular.
En un comunicado de la Cancillería, el presidente Miguel Díaz-Canel comunicó la decisión al Papa Francisco «en los primeros días de enero» después de «un análisis cuidadoso a partir de las distintas modalidades que contempla la ley». La medida, agregó la nota recogida por Efe, se aplicará «gradualmente».
Las protestas en Cuba de julio de 2021, conocidas como el 11-J, fueron manifestaciones masivas contra el gobierno cubano, motivadas por la escasez de alimentos y medicinas, la crisis económica y las restricciones a las libertades civiles. Según la organización Justicia 11J, 1.586 personas fueron detenidas durante estas protestas. A diciembre de 2024, 554 de estos manifestantes permanecían en prisión.
Revertir las medidas
Es muy probable que pronto Trump trate de revertir muchas de estas medidas anunciadas por Biden a una semana de salir de la presidencia. En su primer mandato, el expresidente y presidente electo endureció el embargo a Cuba, reinstaurando restricciones comerciales y de viaje, limitando las remesas y activando aquel sistema de demandas contra empresas extranjeras que operaran en propiedades confiscadas tras 1959. Su objetivo era forzar la democracia en la isla.
Además, fue él quien, antes de dejar el cargo, incluyó nuevamente a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, aumentando la presión económica y diplomática sobre el régimen. Estas medidas revirtieron las políticas de apertura de Obama y buscaron debilitar al gobierno cubano.
El equipo de Obama, con Biden como vicepresidente, retiró a Cuba de la lista el 29 de mayo de 2015, como parte de su política de acercamiento y normalización de relaciones con la isla, que incluyó la reapertura de embajadas en ambos países y el levantamiento de algunas restricciones comerciales y de viaje. Una década después, la dictadura sigue en pie, y no ha mejorado el respeto a los derechos humanos, según informes del Departamento de Estado.
Los altos funcionarios norteamericanos que han revelado estas medidas en una llamada con periodistas justifican el momento elegido, en un tiempo realmente de descuento. Según han dicho, «estas acciones unilaterales están siendo tomadas en el interés nacional de Estados Unidos y buscan facilitar el diálogo importante que la Iglesia Católica está llevando a cabo respecto a los derechos humanos en Cuba». Mantienen además que no tienen la intención de «atar de manos a la próxima administración, sino que buscan avanzar en una prioridad del gobierno de Estados Unidos que se mantiene constante incluso con los cambios de administración presidencial».
