El Poder Judicial de Nicaragua se encuentra acéfalo después que un operativo policial se hizo con el control de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al desalojar de su oficina a su presidenta, Alba Luz Ramos, a la magistrada Yadira Centeno González, y destituir y, en algunos casos, apresar, a funcionaros claves de ese poder del Estado.
El régimen de Daniel Ortega ha guardado silencio oficial sobre esta intervención policial que comenzó el 21 de octubre y este martes el primer titular de El 19 Digital, su principal medio de comunicación oficioso, era un saludo al 69 aniversario de la revolución de Argelia, y ninguna mención a lo que ocurre en el sistema judicial.
Un comunicado interno que circuló este martes en la Corte Suprema de Justicia para ordenar dos días de asueto menciona como “presidente en funciones” al magistrado Marvin Aguilar, actual vicepresidente de ese poder del Estado.
Según se ha conocido por personas cercanas a la Corte, varias patrullas entraron a los edificios de esa institución y, en días distintos, sacaron de sus oficinas a las magistradas Ramos y Centeno, quienes fueron enviadas a sus casas. La magistrada Centeno regresó poco después a su oficina, pero la presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos, se mantiene en su vivienda bajo vigilancia de patrullas de la Policía, relataron las fuentes.
El operativo policial está encabezado por el comisionado general en retiro Horacio Rocha, un oscuro personaje que fue dado de baja de la Policía en 2014 y que Ortega reinstaló en diciembre de 2022 como “ministro asesor de la Presidencia de la República, para asuntos de seguridad”, y que, a criterio de muchos, funciona como jefe policial de facto.
Varios directores de la Institución, particularmente los del área de Informática, han sido destituidos y, en algunos casos, llevados a interrogatorios a la cárcel policial conocida como El Chipote.
El avance de Rosario Murillo en el control de todos los poderes del Estado estaría tras la purga que se ha vivido desde octubre del año pasado cuando se llevó a la cárcel a dos poderosos funcionarios la Corte Suprema de Justicia: el vocero, Roberto Larios Meléndez, y a la magistrada Ileana Pérez López.
La magistrada Pérez presentó su renuncia poco después de ser llevada a la cárcel El Chipote, mientras Larios fue condenado por “traición a la patria” y desterrado a Estados Unidos en febrero pasado.
Según una fuente cercana a la Corte, Murillo está asumiendo el manejo del Poder Judicial como ya lo hace con otra dependencias y ministerios, “tal es el caso de Ministerio de Relaciones Exteriores donde ella redacta y aprueba las notas oficiales y hasta los discursos del canciller Denis Moncada”.
“Rosario Murillo busca tener el control absoluto del país, para asegurar la sucesión en el poder y evitar una crisis ante una eventual muerte de Daniel Ortega, quien en unos días cumplirá 78 años”, dice una fuente que pide no revelar su nombre.
La intervención policial se produce, extraoficialmente, bajo acusaciones de corrupción en el manejo que hace la Corte del Registro Público de la Propiedad.
Este martes la Asamblea Nacional de Nicaragua (parlamento) despojó a la Corte Suprema de Justicia de la supervisión y manejo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil y trasladó estas funciones a la Procuraduría General de la República (PGR) a través de una reforma al artículo 165 de la Constitución Política que, en teoría, debería entrar en vigor cuando sea ratificado en una segunda legislatura.
Para el abogado y exfuncionario judicial Yader Morazán, la intervención policial en el Poder Judicial representa “un golpe de Estado porque está suplantando por la fuerza las facultades y funciones que le corresponden a los magistrados que, aún gozando de inmunidad, han sido desplazados de facto”.
Según Morazán, desde 2018, cuando se produce una gran rebelión ciudadana, se comenzó a reorganizar las estructuras del sistema judicial para adecuarlas al nuevo manejo que le daría la dictadura de Ortega.
En ese entonces, el enlace entre Ortega y la Corte era Bayardo Arce, un antiguo compañero de guerrilla de Ortega, y el operador político era el magistrado Rafael Solís, quien renunció a su cargo en enero de 2019 en protesta por el “estado de terror” que impuso Ortega a través de la represión con armas de guerra y la instalación de “una dictadura con caracteres de monarquía absoluta”, según expresó en su carta de renuncia.
“Después del 2018 surge la necesidad de descabezar las estructuras que manejaban Bayardo Arce y Rafael Solís porque se cree que no son personas totalmente alineadas y se comienzan a cambiar por estructuras de poder de mayor confianza y leales a Rosario Murillo”, explica el abogado.
La jurista y catedrática María Asunción Moreno difiere de la definición de “golpe de Estado” que hace Morazán para calificar la intervención policial en la Corte Suprema de Justicia.
“No, de ninguna manera es un golpe de Estado, y la razón es que el golpe de Estado lo dio Daniel Ortega cuando se reeligió de forma inconstitucional (en 2011) y desde entonces viene acabando con toda la institucionalidad del país”, dice Moreno. “En Nicaragua no hay separación de poderes, todos los poderes del Estado han sido absorbidos por un poder único, el de los Ortega Murillo, quien quita y pone fiscales, jefes policiales, magistrados, jueces, alcaldes y hasta diputados, así que esto no se parece para nada a un golpe de Estado”.
“La forma violenta y notoria con que se desaloja y despiden a magistrados y funcionarios judiciales allegados tiene más que ver con mandar un mensaje claro de que el poder se ejerce solo desde El Carmen (casa y oficina de Ortega y Murillo)”, añade. “Lo que está pasando en el Poder Judicial es una clara manifestación de concentración de poder absoluto que ejerce el régimen Ortega Murillo”.
Para la jurista, “desde hace muchos años en Nicaragua no existe un Poder judicial independiente” porque “Ortega Murillo lo convirtieron en una secretaría judicial dependiente del Ejecutivo. Una sola decisión no se toma en esta secretaría judicial sin la consulta y autorización de Ortega Murillo, quienes decidieron hacer un despliegue o exhibición de fuerza para desmontar una ´subestructura de poder´ que había articulado la magistrada Ramos desde hace muchos años”.
El mensaje es claro, dice Moreno: “el poder no se comparte con nadie, solo lo ejerce la familia”.
La opositora y exguerrillera Dora María Téllez considera que el régimen nicaragüense escogió “hacer una acción violenta policial con enorme despliegue, amenazas, retiro de equipos personales, encarcelamientos”, para “ilustrar a todo el resto de los funcionarios públicos sobre el punto en que se encuentran”.
“Ellos perfectamente podrían haber sacado a Ramos y Centeno pidiéndoles la renuncia. Y (pudieron) haberle dicho a Ramos que despidiera una lista de gente antes de salir. Todo mediante los procesos institucionales ordinarios”, agrega.
En el fondo, dice la opositora, “ellos no confían en quienes han estado integrando sus pilares de poder, incluyendo a la Policía y el sistema judicial”, y afirma que existe un plan de purgas en desarrollo que eventualmente alcanzará a otras instituciones como la Fiscalía y el Ejército.
Dice que la purga comenzó en la Policía cuando “primero echaron preso al súper poderoso (comisionado Adolfo) Marenco y después mandaron a retiro a los comisionados generales más importantes”, tales como Luis Pérez Olivas y Ramón Avellán, quien no aparece en ninguna estructura, y “también pasaron a retiro a otro grupo grande poco visible, pero los nombramientos de unos 50 comisionados generales dan la idea de lo que desplazaron arriba”.
El actual jefe de la Policía, primer comisionado Francisco Díaz, pese a ser consuegro de Ortega y Murillo, “está reducido a la mera fotografía. El jefe de facto es Horacio Rocha, quien está fuera del escalafón policial, pero viste de policía y da órdenes en la Policía”, añade Téllez.
“Ellos están en la etapa de las purgas. Siempre, este tipo de regímenes llega a ese punto. La búsqueda del enemigo interno. Y en este caso, hay algo más que no se conoce que está catapultando las purgas a gran velocidad. En unos diez meses han barrido en la Policía y en el sistema judicial. Viene la Fiscalía sin duda”, pronostica.
“Y pienso que algunos de los pasados a retiro en el Ejército ahora en septiembre pueden haber obedecido a sacar a coroneles y tenientes coroneles que no les parecían tan leales o convenientes”, agrega.
La exguerrillera, que fue presa política del régimen de Ortega y posteriormente desterrada a Estados Unidos, dice que en interrogatorios a reos los carceleros preguntaron sobre la presencia de opositores en el sistema judicial y por coroneles o tenientes coroneles que estuviesen insatisfechos o a disgusto con el régimen. “Una absoluta fantasía”, afirma.
“Pero, si necesitan hacer acciones para escarmentar a otros es porque se perciben con gran debilidad y deben llevar el estado de terror dentro del sistema institucional, en especial de sus pilares de poder”, concluye.
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