El letrado subraya que la Constitución exige que se retire las acusaciones antes de que un presidente electo tome posesión de su cargo
Donald Trump EFE
Javier Ansorena
Corresponsal en Nueva York
26/11/2024
Donald Trump sabía que las urnas eran su gran arma contra las causas criminales que le han perseguido en los dos últimos años y su victoria electoral a comienzos de este mes le ha librado de responder ante la justicia. Este lunes, el fiscal especial Jack Smith, que ha perseguido al ahora presidente-electo en sus dos causas criminales de naturaleza federal, anunció la retirada de los cargos en ambas. Por un lado, la de mayor gravedad legal y política: la imputación por su campaña para dar la vuelta a los resultados de la elección presidencial de 2020 -la que Trump perdió frente al actual presidente, Joe Biden-, que culminó con el asalto trágico y bochornoso al Capitolio por una turba de sus seguidores el 6 de enero de 2021. Y, por otro, la que tenía más solidez: la de retención de documentos clasificados y obstrucción a la justicia.
Desde la madrugada del 6 de noviembre, cuando se confirmó que Trump era el ganador de la elección, el fiscal especial Smith sabía que la imputación estaba muerta. El Departamento de Justicia mantiene la práctica de no seguir investigaciones o causas contra presidentes en su cargo. Y Trump lo estará a partir del próximo 20 de enero, cuando jurará su cargo en la escalinata del mismo escenario clave de esa imputación, la del Capitolio.
En el escrito en el que Smith solicitó la retirada de cargos sobre el caso de 2020, el fiscal especial reconoció que la prohibición de impulsar causas contra el presidente en su cargo «es categórica y no cambia la gravedad de los delitos imputados, la solidez de las pruebas del Gobierno ni los méritos de la acusación, que el Gobierno respalda por completo». El fiscal especial determinó que «en base a la interpretación de la Constitución por el Departamento de Justicia, el Gobierno se inclina por la desestimación de la imputación sin efecto de cosa juzgada».
Esa mención a «sin efecto de cosa juzgada» implica que la fiscalía podría revivir la causa en el futuro, una vez que Trump acabe su segundo mandato (la Constitución le impide ir a por un tercero, aunque él ha deslizado que podría tratar de cambiar ese impedimento).
Smith presentó un escrito similar ante un juzgado de apelación de Atlanta en el que trataba de resucitar el caso por la retención de documentos clasificados que Trump se llevó de la Casa Blanca a Mar-a-Lago, su residencia en Florida, tras su primer mandato. Aquella causa fue tumbada por una juez de Florida -nombrada para el cargo por Trump- porque determinó, para sorpresa de muchos expertos legales, que el nombramiento de Smith como fiscal especial no era constitucional. Smith, sin embargo, sí mantiene las imputaciones contra dos empleados de Trump que le asistieron en esa trama, Carlos de Oliveira y Waltine Nauta. Es difícil pensar, en cualquier caso, que una fiscalía bajo Trump dé pasos contra dos empleados leales que no le traicionaron durante la investigación del caso.
Defensa de Trump
«Estas causas y las otras a las que me han obligado a enfrentarme son vacías e ilegales», reaccionó Trump en su red social tras conocer la decisión de Smith. «Ha sido un robo político y un punto bajo en la historia de este país que haya ocurrido algo así», prosiguió. «Sin embargo, perseveré y, contra todo pronóstico, gané», escribió en letras mayúsculas.
«El pueblo estadounidense y el presidente Trump quieren un fin inmediato al uso político de nuestro sistema de justicia y miramos adelante para unificar el país», añadió su portavoz, Steven Cheung, aunque la realidad apunta hacia otros derroteros: Trump ha nominado a tres de sus abogados personales para la cúpula del Departamento de Justicia, ha elegido una fiscal general que ha defendido que hay que perseguir a los fiscales que fueron contra Trump y planea ordenar una investigación sobre los resultados de 2020 para demostrar un fraude electoral del que no encontraron pruebas en su día ni los tribunales ni las propias autoridades republicanas.
La decisión de Smith era esperada. El fiscal especial había deslizado su intención de dar carpetazo a sus casos y decir adiós al Departamento de Justicia antes de que Trump ascienda al poder. Pero es un episodio que cierra una batalla histórica, turbulenta y, finalmente, triunfal de Trump frente a sus acusaciones de comisión de delitos.
Nunca un expresidente había sido acusado de delitos y Trump fue golpeado con cuatro imputaciones en la primera mitad del año pasado, poco después de haber anunciado su candidatura a la reelección. Dos de ellas, las que ahora retira Smith, eran de naturaleza federal y otras dos -una en Nueva York, otra en Georgia- de naturaleza estatal. De todas ellas se ha librado, por ahora, Trump. En parte, por la habilidad de sus abogados, que consiguieron entorpecer y retrasar los procedimientos para que pudiera salvarse por las urnas. En parte, por la ayuda del Tribunal Supremo, que amplió la doctrina sobre inmunidad presidencial, lo que cuestionó varias imputaciones. También, por la torpeza de la fiscalía, a veces lenta en la instrucción, otras por tiros en el pie -como el romance de la fiscal de Atlanta con uno de sus subordinados-.
La única causa que fue a juicio fue la de Nueva York, por falsificación de documentos financieros para ocultar la relación extramatrimonial con una actriz porno, Stormy Daniels. Un jurado popular le declaró culpable pero la vista de sentencia corresponde al juez y, ante la complicación de imponer penas a un presidente, todo apunta a que ya no se celebrará.
